El rol de la ciudadanía en la democracia
A veces, asumimos que la celebración de elecciones periódicas es suficiente para calificar un régimen político como democrático. Sin embargo, para que una democracia funcione es necesario que exista un régimen institucional que refleje el carácter adversarial de la política, y que provea mecanismos para la participación de cualquier ciudadano interesado. Más aún, es necesario que existan límites al ejercicio del poder desde el Estado y en general a las decisiones de la mayoría.
Aun así, debe quedar claro que hay conflictos que no pueden resolverse institucionalmente, porque tocan aspectos fundantes de los sujetos sociales. En otras palabras, hay que distinguir entre la democracia como régimen político y la política democrática. El primer caso es el conjunto de instituciones políticas con las que se dota un Estado, y lo segundo es una práctica social que pueden seguir diversos actores sociales, aun en el marco de un Estado autoritario.
En este sentido, una política democrática es una práctica política que busca lidiar con la vida en común (la vida en sociedad) de una forma que sea más conveniente para todos los ciudadanos, respetando la diversidad individual y colectiva. Una política democrática busca establecer reglas para que los conflictos sociales no lleven al establecimiento de regímenes injustos, sino que dichos conflictos puedan ser más bien el motor de cambios que beneficien a la mayor cantidad posible de personas, reduciendo las asimetrías de poder. Asimismo, una política democrática busca poner como protagonista a la ciudadanía en tanto es ella el sujeto social que caracteriza la democracia. Lo que legitima y justifica un régimen democrático es que un conjunto de personas que se identifican con un cuerpo político determinado, hace vida común con el mismo derecho, es decir son igualmente ciudadanos del mismo cuerpo político.
Un régimen político determinado, aunque se dote formalmente de instituciones presuntamente democráticas, no puede ser democrático si no está anclado en una política democrática.
Cuando el conjunto de pobladores de un Estado entienden su capacidad de influir en las decisiones públicas limitadas a las elecciones, la democracia no funciona, porque la representación se rompe. Quienes ejercen la función pública lo hacen privadamente, es decir, en atención a sus intereses individuales, al margen del cuerpo político al que pertenecen, y por lo tanto utilizan el poder que ejercen para buscar votos en un proceso de intercambio ajeno a la función pública del Estado (el clientelismo).
Por el contrario, cuando los pobladores de un Estado se entienden como ciudadanos, es decir como sujetos con plenas capacidad de exigir al Estado y sus representantes que actúe de cierta manera, entonces, pueden refundar la representación a partir de acciones políticas dirigidas a obligar, por la fuerza si es necesario, a que el Estado asuma su opinión. Aun si esto implica retirar de hecho el mandato que ha sido otorgado. Es solo cuando segmentos suficientemente amplios de la ciudadanía están dispuestos a plantar cara a sus gobernantes, que puede surgir una clase política que responda a los intereses de la ciudadanía, es decir que los represente.
¿Cómo lograr esta ciudadanía activa? Esto dependerá de dos factores, que necesitan ser estudiados a más profundidad: Primero, la estructura socio-política actual y el resultado que esto tiene en la cultura de la ciudadanía. Es decir, como el poder político, social y económico influye en el quehacer diario de la ciudadanía y pre-escribe sus formas de actuar. Por otro lado, está el factor de la vías de acción que tienen los ciudadanos tienen para cambiar la estructura actual, ya sean “legales” como las elecciones o el sistema judicial, o vías más informales, como protestar, organizarse en agrupaciones civiles etc. En futuras entregas discutiremos a más profundidad este tema.
